El proceso comenzará mañana y se aplicará en los 36 centros de privación de libertad distribuidos en todo el país.
La iniciativa, prevista en un lapso de tres meses, la llevarán a cabo equipos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Participarán también miembros del Registro Civil, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Derechos Humanos, quienes recorrerán las prisiones.
El objetivo del censo es recopilar información sociodemográfica de los reos y generar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida, rehabilitación e inserción social.
Solo en los dos últimos años al menos 400 personas privadas de libertad fueron asesinadas en disturbios en diversas cárceles de esta nación andina.
El hacinamiento, la falta de guías penitenciarios y planes de rehabilitación, así como las malas condiciones en la infraestructura de las instituciones penales, son algunas de las causas del aumento de la violencia en esas instituciones.
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