En un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno venezolano denunció que esta decisión violó el derecho a la defensa de la República Bolivariana, en complicidad con factores de la extrema derecha venezolana.
Al respecto, el Ejecutivo bolivariano acusó al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó y a integrantes de su círculo de colaboradores de usurpar funciones públicas y actuar en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión.
Subrayó además que con esta ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción dirigida a la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales en los cuales se impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de sus intereses patrimoniales.
En tal sentido, Caracas alertó a la comunidad internacional sobre las maniobras con las que se pretenden justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana, como parte de las medidas coercitivas de Estados Unidos, violatorias del Derecho Internacional y que ponen en evidencia la ausencia de garantías y de justicia para cualquier país.
Venezuela reiteró que jamás renunciará a la defensa legítima de sus derechos e intereses en las instancias correspondientes, y ratificó el compromiso de continuar activamente con las acciones legales contra los apátridas participantes en este fraude.
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