Estos actos deplorables, que generalmente son perpetrados por extranjeros en diferentes partes del mundo, violan la Ley contra la pornografía infantil de 2009, y la Ley contra la trata de personas, declaró Abalos.
El jefe de DILG enfatizó que su departamento -en coordinación con las unidades de gobierno local, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, y los expertos en tecnología- son las principales fuerzas para frustrar los sindicatos involucrados en la explotación infantil.
Añadió que todos los involucrados en el abuso infantil pueden rastrearse mediante el uso de tecnología moderna y luego ser llevados ante los tribunales a través del Departamento de Justicia.
Abalos señaló que la pobreza causada por la pandemia mundial de Covid-19 podría ser la principal razón del aumento de los casos de abuso infantil en Filipinas.
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