Este martes, los jefes de bloque decidieron no incluir en su agenda semanal la polémica propuesta 6076 para el fortalecimiento de la fuerza pública y del Ejército; sin embargo, la organización indígena pidió una constancia por escrito de que será excluida por completo como reclaman.
La pasada semana, integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán se apostaron en el Congreso e incluso entraron al Hemiciclo para manifestar su rechazo total a la 6076, ocasión en que dieron hasta hoy a la presidenta Shirley Rivera para tener una respuesta definitiva.
Según el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de la Junta Directiva, la decisión fue engavetar la cuestionada normativa, la cual generó también el rechazo de otros colectivos civiles y estudiantiles por violar el derecho constitucional de reunión y manifestación, así como de libre emisión del pensamiento.
Ante un primer reclamo de los 48 Cantones, Rivera anunció que la propuesta la enviarían a la Corte de Constitucionalidad para una consulta, pero el miércoles pasado, fecha en que debían discutir el tema, este quedó en suspenso, luego de fuertes críticas de bancadas opositoras al contenido de la 6076 y la falta de consenso para aprobar el orden del día.
Los líderes comunitarios permanecieron en el palco diplomático del Legislativo hasta la madrugada del día 17, cuando integrantes de la directiva salieron a dar la cara y les prometieron una respuesta este martes.
No obstante, habrá que ver el curso del debate en la primera sesión de los diputados esta semana y cómo se concreta la anunciada decisión de archivar el texto.
En marzo de este año, también el Congreso se vio obligado a engavetar la llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», la cual establecía aumento de las penas de cárcel para las mujeres que abortaran y contenía artículos discriminatorios contra grupos minoritarios, entre otros aspectos considerados inconstitucionales.
La presión social puso en jaque a la alianza oficialista, que dio marcha atrás al texto aprobado siete días antes, y evitó su veto por el presidente Alejandro Giammattei, quien incluso anunció que lo haría si llegaba a sus manos en medio de un descontento generalizado con la gestión del gobierno y de los diputados.
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