Una jueza de la Unidad Judicial de Quitumbe, en esta capital, rechazó una acción de protección por la parlamentaria, con la cual buscaba recuperar el cargo y una indemnización valorada en más de ocho millones de dólares.
Según argumentó Llori, el Legislativo violó sus derechos constitucionales, entre ellos al debido proceso y de seguridad jurídica.
La audiencia de revisión del recurso se instaló en la tarde luego de quedar pospuesta el pasado lunes.
Tras escuchar todas las comparecencias, la jueza determinó que no hay elementos para demostrar vulneración de derechos, por lo cual consideró improcedente el pedido.
Como última opción, la expresidenta de la Legislatura puede acudir al recurso de apelación.
Guadalupe Llori fue destituida por mayoría de 81 votos del pleno, el pasado 31 de mayo por incumplimiento de funciones. No obstante, mantiene su curul como asambleísta por la bancada del partido Pachakutik.
El lunes pasado aseguró que presentará las acciones necesarias, constitucionales o judiciales, con la finalidad de hacer respetar sus derechos.
De acuerdo con sus declaraciones, se trata de exigir reparación por todo el daño causado a su familia, al movimiento político Pachakutik y a ella como mujer amazónica y política.
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