Bajo financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la iniciativa impactará en Líbano en medio de las consecuencias de las crisis económicas y financieras, incluida la inflación y el aumento vertiginoso de los precios, afirmó el titular.
El programa responde a la estrategia de transformación digital aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo y su puesta en marcha arrancará en la Dirección de Protección al Consumidor.
La autoridad subrayó que el proyecto iniciará tras una interrupción en los últimos dos años del suministro de algunos de los bienes y servicios públicos más importantes en la nación como la electricidad y el agua.
Salam puntualizó que la dirección desempeña un papel crucial para garantizar que los recursos y materiales importados ingresen al país de manera oportuna y segura, además de frenar la creciente brecha causada por la debilidad del sector público.
De acuerdo con el ministro, la iniciativa en la Dirección de Protección al Consumidor será uno de los primeros y más importantes proyectos nacionales encaminados a la automatización y digitalización de las principales funciones administrativas y constituirá un salto cualitativo para la labor fiscalizadora.
Aclaró que el funcionamiento de la propuesta simplificará y agilizará los procesos con el objetivo de reducir los tiempos de solicitud de las empresas y comerciantes para la obtención de licencias y garantizar la seguridad de las mercancías importadas para el consumo y uso local.
Igualmente, Salam recalcó que la transformación digital asegurará la pronta respuesta a las quejas de los consumidores, y el flujo de trabajo y procedimientos regulatorios de manera eficiente y oportuna.
Un informe de mayo último del relator especial de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, reflejó que los servicios públicos en Líbano, entre ellos la electricidad, la educación y la atención médica fueron destruidos por años y el despilfarro de la riqueza nacional exacerbó la desigualdad.
En medio de esta situación, el organismo multilateral expuso que 2,2 millones de libaneses requieren apoyo para asegurar el acceso a alimentos y otras necesidades básicas hasta fin de año, un aumento del 46 por ciento en comparación con 2021.
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