Suscrito por Jorge Elbaum, sociólogo y profesor universitario argentino, el análisis Criminalización: los orígenes del lawfare, su motivación disciplinaria y su aplicación en América Latina y el Caribe, describe los fines injerencistas de esta “academia”, dependiente del Departamento de Estado, indicó el sitio digital El Cohete en la luna. La ILEA, con sede en esta capital desde 2008, el mismo año en que se profundizó la criminalización política en la región, presume de haber capacitado a miles de operadores de la Justicia, agentes de servicios de seguridad e inteligencia (públicos y privados) en programas compatibles con las demandas instrumentales que requiere la criminalización política.
En varios de los seminarios y cursos participaron profesionales argentinos que son invitados incluso sin que sus responsables funcionales estén al tanto de las actividades a desarrollar, denuncia el académico.
Entre las propuestas para este año figuran: Investigaciones Financieras por Corrupción Pública y el taller sobre Corrupción Internacional, ofrecido por el FBI, donde se “instruyen” políticas para desprestigiar, perseguir y hostigar a funcionarios elegidos por voluntad popular que no encajan en lo que quiere Estados Unidos.
El centro global de la «Academia» funciona en Roswell, Nuevo México, y desde allí se “instruye” todo el accionar que se aplica para toda América Latina y el Caribe, y es posible que El Salvador, tal vez no esté libre de ser un victima de procesos de criminalización como los lanzados ahora contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Otros dirigentes de izquierda o populistas en América Latina ya fueron víctimas de acusaciones y según Elbaum, la criminalización política desplegada en Latinoamérica y el Caribe desde hace dos décadas es una decisión geopolítica resuelta por Washington, para darle continuidad al control del denominado “hemisferio occidental”.
El dispositivo –que de todas formas no descarta de plano la asonada policial-militar, como quedó demostrado en Bolivia en 2019– tiene como soportes primordiales a los medios de comunicación acólitos y a fracciones de los poderes judiciales, cooptados por (y para) el entramado neoliberal, precisó el académico.
Las causas judiciales, explicó, que impulsan suelen originarse en denuncias domésticas o pueden apalancarse utilizando soportes corporativos de información, que orientan a la opinión pública con datos falsos o tergiversados, aptos para iniciar el escándalo imprescindible para traducirse en una posterior persecución penal.
A partir de 2007, se suceden tres lustros de criminalización política destinados a condicionar a gobiernos soberanos y a hostigar a dirigentes populares refractarios a las lógicas neoliberales, puntualizó el experto.
En ese año, por ejemplo, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue sometido en tiempo récord a un juicio político impulsado por las elites locales, en connivencia con los CEOs de las empresas transnacionales y la delegación diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Desde entonces el accionar impulsado desde ILEA no descansa en la región y desde la estigmatización de Cristina Fernández, Lula, Hugo Chávez y Evo Morales puede continuar contra otros gobernantes y funcionarios como el colombiano Gustavo Petro, el salvadoreño Nayib Bukele y el mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Intentar llevar una política independiente de Washington es peligroso y puede desencadenar los ataques de corrupción y las llamadas listas Engels donde sobresalen personas cercanas a los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
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