Bajo el título “Mejores y peores estados para trabajar en Estados Unidos en 2022”, la investigación evaluó salarios, protecciones a los trabajadores, derechos de sindicalización y nuevas políticas ante el cambio climático.
En función de ello, concluyó que los cinco peores estados en la clasificación son Carolina del Norte, Misisipi, Georgia, Alabama y Texas, todos de tendencia republicana, que mantienen un salario mínimo federal de 7,25 dólares la hora desde 2009.
Por el contrario, Oregón, California, Washington, el Distrito de Columbia y Nueva York, todos demócratas, recibieron las mejores condiciones.
Si bien 30 estados lograron aumentar su salario mínimo por encima de la base federal durante los últimos años, ninguno es suficientemente alto para cubrir los costos básicos de vida de una familia, detalló en el reporte.
Por solo poner un ejemplo, en el Distrito de Columbia, que ostenta el salario mínimo más alto del país (16,10 dólares), el pago de un trabajador a tiempo completo únicamente cubre apenas el 35,6 por ciento de los gastos de un núcleo.
El informe también clasificó a los estados por los derechos de los trabajadores para sindicalizarse: Texas fue el peor calificado mientras California obtuvo la mejor evaluación.
Según la autora del informe, Kaitlyn Henderson, uno de los mayores obstáculos encontrados en la evaluación de las políticas laborales en los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, es la exigüidad del salario.
Resulta contradictorio que siendo Estados Unidos la nación más rica del mundo, muchos trabajadores a tiempo completo no puedan alimentar a sus familias, agregó la también investigadora principal del Programa de Política Nacional de ese país en Oxfam.
En función de ello, el estudio recomendó elevar el salario mínimo federal, extender este a los trabajadores agrícolas -a quienes en muchos casos se les paga por debajo de ese umbral- y modificar las leyes para aquellos que ganan por propinas.
Llamó además a garantizar protecciones más sólidas para los trabajadores a niveles estatal y federal, como la licencia familiar o médica pagada, leyes de igualdad salarial más estrictas y protecciones para mujeres embarazadas y trabajadoras domésticas.
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