Dos jornadas tomó el proceso, desarrollado a partir de una moción presentada por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), por el supuesto incumplimiento de funciones de Maldonado, el actual líder de la institución Fausto Murillo, así como José Morillo y Maribel Barreno.
Tras numerosas intervenciones, la defensa de los procesados y el respectivo uso del derecho a réplica establecido, el pedido terminó con 87 votos afirmativos, 49 abstenciones y una ausencia.
Con esos pronunciamientos, la moción no fue aceptada, pues por ley se requiere el apoyo de al menos 92 parlamentarios.
Los votos favorables a la remoción provinieron de UNES, el Partido Social Cristiano y los asambleístas independientes, mientras que Pachakutik, Izquierda Democrática y la Bancada del Acuerdo Nacional tuvieron opiniones divididas.
La principal causal del juicio político fue la evaluación y destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en 2019, que en criterio de los interpelantes mostró vulneración a sus derechos.
También pesó en su contra el déficit de 400 fiscales provinciales, que según los acusadores, se debió al incumplimiento del concurso para su designación.
Al respecto, insistieron en que hubo ineficiencia institucional e incumplimiento de funciones. Si embargo, el pleno decidió salvar de la censura a los enjuiciados.
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