La denuncia la hicieron miembros de ambas nacionalidades y parte de su representación legal, quienes sostienen que el Gobierno ha incumplido sentencias emitidas por la CC desde hace más de cuatro años.
Los demandantes esperaban ser recibidos por los jueces para entregar el documento, sin embargo encontraron cerradas las puertas de la instancia.
«En el año 2018 la Corte Provincial de Sucumbíos falló a nuestro favor y revirtió 52 concesiones mineras en nuestro territorio», afirmó en rueda de prensa desde los exteriores de la instancia Wider Waramag, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
Según explicó, el dictamen incluye la reparación por el daño, sin embargo, cuatro años después, los ministerios de Ambiente, así como Energía y Minas, no han cumplido con lo dispuesto.
«La vulneración de derechos continúa. No sabemos hasta cuándo vamos a exigir y luchar para que un Gobierno ecuatoriano cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos que están enmarcados constitucionalmente y también en tratados constitucionales», advirtió.
Mientras, líderes de la nacionalidad Waorani hicieron referencia a la violación de sus territorios, exigieron respeto al derecho a la autodeterminación y pidieron a la Corte acciones ante las violaciones cometidas.
El defensor de Derechos Humanos y abogado de la nacionalidad Waorani, Jorge Acero, recalcó por su parte que han pasado de cinco a seis años de procedimientos hasta llegar al punto actual, cuando el pedido es por la ejecución de lo dictado en las sentencias de la Corte.
Se viene a exigir a la Corte Constitucional, presentando una acción de incumplimiento, lo cual implica que se exija a dicho tribunal que se haga cumplir sentencias tanto de Waorani como de Sinangoe, especificó.
Los presentes aclararon que hace semanas informaron al ente la acción prevista, con vistas a ser recibidos por los jueces, lo cual no ocurrió hoy.
Acerca del tema, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Iza, afirmó que «queremos decir al país y al mundo que esta sentencia la ganamos», fuimos a un tribunal y jugamos legalmente antes del levantamiento de octubre de 2019 y antes del alzamiento de junio de 2022.
En ambos casos, además de la acción, la solicitud es también de un salto cronológico, por la gravedad de más de cuatro años de sentencias incumplidas y los riesgos ante las 52 concesiones mineras en Sucumbíos y los bloques petroleros en Pastaza y ante la política del Ejecutivo de incrementar de manera agresiva el tema petrolero.
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