En rueda de prensa, voceros y representantes de la organización destacaron como un triunfo histórico la decisión, tomada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras más de nueve años de lucha por parte de los habitantes de esa zona y defensores del medio ambiente y los derechos de pueblos y nacionalidades de Ecuador.
«Desde hace más de 50 años comenzó la explotación petrolera en el Yasuní y nada ha cambiado», aseguró la vocera de la agrupación, Manaí Prado, quien recordó que la consulta es una iniciativa ciudadana y popular, cuyo proceso comenzó en 2013.
Según explicó, los gobiernos sostienen que el extractivismo en esa área sería beneficioso para mejorar la vida de la población, sin embargo, ningún indicador social mejora y los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en aislamiento siguen vulnerados.
De su lado, Antonella Calle precisó que la idea de preguntar a la ciudadanía sobre las actividades de compañías en ese territorio megadiverso y hogar de comunidades autóctonas, fue impulsada desde varios sectores y contó con el respaldo de más de 750 mil firmas.
Pese a que el país cuenta con varios bloques petroleros, la consulta se centra en el número 43 o ITT, desde donde se producen alrededor de cien mil barriles diarios de petróleo.
«¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?», indica la pregunta a la cual responderá la población.
Sobre los tiempos que corren a partir del dictamen del TCE, la abogada de Yasunidos, Sylvia Bonilla, precisó que inicialmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 15 días para emitir el certificado y remitir el caso a la Corte Constitucional.
A partir de entonces, la Corte Constitucional tiene un mes para revisar la pregunta y posteriormente, el CNE deberá convocar a la consulta popular en un plazo de 15 días.
De cumplirse todos los lapsos establecidos, el país responderá al tema en febrero próximo, cuando también están previstas las elecciones seccionales y de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El vocero del grupo, Pedro Bermeo, recalcó que la consulta popular tiene el espíritu de defender a pueblos en aislamiento voluntario y Waorani, afectados por todas las consecuencias del extractivismo.
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