Estoy en contra de un impuesto único, aseguró Truss al ser emplazada por el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, durante su primera comparecencia este miércoles en la Cámara de los Comunes tras asumir la jefatura del Gobierno conservador la víspera.
Según argumentó la gobernante, quien prometió revelar mañana jueves las medidas que tomará para frenar la crisis energética y el costo de la vida, el gravamen desestimularía a esas empresas a invertir en Reino Unido, justo en el momento en que se necesita hacer crecer su economía.
Starmer, quien apuesta por congelar la tarifa eléctrica en el tope de mil 970 libras esterlinas (dos mil 250 dólares), le recordó a su oponente que las generadoras de energía obtendrán 170 mil millones de libras (194 mil millones dólares) como resultado del aumento de los altos precios globales del petróleo y del gas.
A finales de agosto pasado, el regulador de la energía anunció un aumento del 80 por ciento en la tarifa energética, al establecer un nuevo límite de tres mil 549 libras esterlinas (unos cuatro mil 200 dólares) para los meses invernales.
Aunque habrá que espera a mañana para conocer detalles sobre el plan de Truss, el diario The Times aseguró que la flamante primera ministra limitará a dos mil 500 libras esterlinas anuales (dos mil 800 dólares) el precio tope que las compañías de electricidad y gas podrán cobrar a sus clientes a partir de octubre próximo.
En su primera comparecencia ante los diputados desde que fue elegida por sus correligionarios para reemplazar al dimitente Boris Johnson, la jefa del Gobierno conservador también prometió poner fin al impasse político causado por el acuerdo posBrexit en Irlanda del Norte.
Debemos resolver los problemas del protocolo norirlandés. Estoy decidida a hacerlo y a trabajar con todos los partidos para encontrar una solución, aseveró. Como parte del tratado de retirada de Reino Unido de la Unión Europea, no existe una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pero las mercancías que se trasiegan entre Gran Bretaña y esa provincia británica deben ser sometidas a controles para comprobar que cumplen con las regulaciones aduaneras y sanitarias de la UE.
Los unionistas, fieles a la corona británica, consideran que esa disposición, además de retrasar la llegada de los productos a su territorio, pone en peligro su posición dentro del Reino Unido.
Para presionar a Londres a que renegocie el protocolo, se niegan formar Gobierno con el Sinn Fein y otros partidos republicanos, tal y como establecen los acuerdos del Viernes Santo, que en 1998 pusieron fin a tres décadas de conflictos armados en Irlanda del Norte.
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