La agencia calificadora de riesgo con sede en Estados Unidos afirmó que esta nación centroamericana está en los niveles más bajos de su escala crediticia y señaló que la recompra de bonos de su propia deuda por el gobierno del presidente Nayib Bukele, técnicamente es un incumplimiento del pago de la deuda porque están comprando con descuento.
Al respecto, Jaime Reusche, vicepresidente de Créditos de Moody’s, explicó que El Salvador está solo abajo de Venezuela y Argentina en calificación de riesgo, mientras que consideró que la medida de recompra de los bonos 2023 y 2025 sería un incumplimiento de pago.
En declaraciones a medios de prensa, Reusche apuntó que un incumplimiento del país traería grandes pérdidas y complicaría aun más la economía local.
El experto de la agencia evaluadora de riesgo insistió que un proceso de recompra de los bonos de la deuda lo que trata de lograr es una prórroga del débito pero no resuelve la crisis.
En su evaluación, el funcionario aseguró que la situación es un poco compleja pues, sostuvo, es muy difícil colocar un bono nuevo en los mercados de capital global, aunque siempre existe la posibilidad de recurrir a fondos dentro del país.
Por otro lado, el Gobierno tiene un cierto nivel de depósitos de tesorería para dar liquidez en sus operaciones del día a día, esos depósitos estimamos que están alrededor de 300 millones, y se podría utilizar algo de esos recursos también para pagar esos bonos.
Dónde están las fuentes y de dónde van a sacar todos estos recursos, porque el gobierno no ha sido muy claro, en cuanto a cuál es su plan luego de la operación de recompra, sino que nos hemos quedado un poco en tinieblas, señaló.
El gobierno tiene un vencimiento de la deuda pública el año próximo, de esto 800 millones están programados para enero.
Durante los dos últimos años, el gobierno de Bukele sostuvo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento por mil 300 millones para saldar la brecha fiscal y dar certidumbre a los mercados ante este y otros compromisos, pero no pudo concretar acuerdo alguno.
La implementación del bitcóin y la negativa de derogar la circulación de este como moneda de curso legal en el país tensaron el tema y no hay acuerdo con el ente internacional, cuyos préstamos exigen ceder en medidas leoninas que por lo general afectan a las clases más desfavorecidas.
Pese a la situación, voceros del gobierno arremeten contra economistas y medios de comunicación que hablan de la posibilidad del impago, a la vez que señalan el segundo semestre del año como la fecha para impulsar las iniciativas que permitan cumplir con los compromisos
jha/lb
