Según datos de varias organizaciones no gubernamentales, la operación limpieza orientada por el expresidente Rodrigo Duterte en 2016 y suspendida temporalmente en 2021, acabó con la vida de unas 27 mil personas en el marco de las sangrientas redadas policiales antidrogas, aunque la Policía filipina reconoce solo seis mil 200 muertes.
En un comunicado, el procurador general filipino, Menardo Guevarra, señaló que el pedido debería ser negado porque la CPI no tiene jurisdicción sobre la situación en la nación y ya existe una investigación local en marcha para verificar los casos presentados ante dicha institución.
Guevarra indicó que las investigaciones a nivel estatal realizadas por las autoridades locales deberían tener prioridad y agregó que un informe sobre el progreso de las pesquisas fue incluido en el documento remitido a la Corte.
El pedido del ejecutivo de Manila llega en el último día establecido por la CPI para manifestarse sobre la petición del fiscal del organismo, Karim Khan, a fin de continuar con la investigación sobre la guerra antidrogas.
Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos, quien asumió el poder el pasado junio, indicó que no facilitará el proceso y tampoco tiene intenciones de reincorporar a Filipinas a la CPI, después de que su predecesor Duterte sacara al país oficialmente de ka misma en 2019.
Pese a que Filipinas ya no forma parte de la CPI, el organismo tiene jurisdicción para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad siempre que el país en cuestión formara parte de la corte cuando los hechos acaecieron, como sucede en este caso.
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