El paso para designar a ese supervisor responde a la decisión del pasado lunes de la jueza de distrito Aileen Cannon, quien prohibió temporalmente al Gobierno el uso con fines de investigación criminal de cualquiera de los materiales encontrados en la residencia de Palm Beach, Florida.
Según determinó la magistrada, los fiscales podrán examinar los archivos hasta tanto el perito externo complete su estudio y determine si los materiales que sacó el exmandatario de la Casa Blanca están protegidos por el privilegio abogado-cliente o ejecutivo.
En opinión de analistas, el fallo de Cannon representa una victoria para Trump y ayudaría a retrasar la investigación sobre presuntos malos manejos de la inteligencia estadounidense por parte del exgobernante (2017-2021).
El DOJ tiene ante sí la disyuntiva de apelar o no la orden de la jueza, lo cual podría afectar a futuros presidentes, paralizar la indagación y dar al magnate y sus aliados meses de oportunidades para avivar la desconfianza hacia el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la administración de Joe Biden, indicó el diario The Hill.
El FBI intervino en Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto bajo sospechas de que el expresidente violó la Ley de Espionaje y cometió otros delitos como obstrucción de la justicia y manejo criminal de registros gubernamentales.
Trump acusó al DOJ de lanzar una caza de brujas partidista contra él y presentó una moción para nombrar un supervisor independiente que revisara los materiales.
La autorización de incorporar este perito al caso desató críticas contra Cannon, quien fue nombrada precisamente por el expresidente en 2020, y estudiosos del derecho describieron la decisión como una obstaculización sin precedentes de una importante investigación criminal.
Durante el registro en la propiedad, el primero dirigido a un expresidente en la historia de Estados Unidos, los agentes encontraron más de un centenar de documentos clasificados, entre ellos la descripción de las capacidades nucleares de un gobierno extranjero.
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