El pasado lunes, la jueza de distrito Aileen Cannon autorizó la solicitud del exmandatario (2017-2021) de nombrar a un supervisor externo para revisar los materiales hallados por el Buró Federal de Investigaciones en la mansión de Palm Beach, Florida.
Dicho abogado, en teoría, debería determinar si los materiales que sacó el republicano de la Casa Blanca están protegidos por el privilegio abogado-cliente o ejecutivo, y tanto el Departamento de Justicia (DOJ) como el equipo legal de Trump, tenían plazo hasta el 9 de septiembre para presentar su lista de posibles candidatos.
Con su orden, Cannon, quien fue nombrada precisamente por el expresidente en 2020, prohibió temporalmente al Gobierno el uso con fines de investigación criminal de cualquiera de los archivos recuperados en la propiedad, aunque permitió continuar la evaluación de daños de la comunidad de inteligencia.
Su decisión, considerada una victoria para Trump, ayudaría a retrasar la pesquisa sobre presuntos malos manejos de información clasificada por parte del exgobernante, en tanto recibió críticas de quienes la vieron como una obstaculización sin precedentes de una importante investigación criminal.
En ese contexto, el jueves último el DOJ notificó su intención de apelar y pidió levantar el fallo de la jueza que les bloquea el acceso a los materiales incautados durante la requisa del pasado 8 de agosto.
«Sin una suspensión, el Gobierno y el público también sufrirán un daño irreparable por el retraso indebido de la investigación criminal” y “cualquier demora plantea preocupaciones significativas”, señaló el Departamento de Justicia citado por el diario The Hill.
De igual forma, añadió el DOJ, la orden frustra la capacidad de llevar a cabo una evaluación efectiva de los riesgos de seguridad nacional, y podría impedir la toma de las medidas correctivas necesarias.
«No hay ningún propósito válido para la revisión de archivos clasificados por parte de un maestro especial», enfatizó la presentación del Departamento de Justicia.
Cannon pidió al equipo de Trump que considerara la posición del DOJ y que responda antes de las 10:00, hora local, del próximo lunes.
El DOJ impugnaría el fallo ante un tribunal federal de apelaciones, y de caminar, arrancaría un nuevo episodio de la saga Trump, en la que prevalecen las interrogantes sobre qué hacían documentos clasificados y de “alto secreto” en la oficina del magnate en Mar-a-Lago, a más de un año y medio de dejar el despacho oval.
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