En una presentación, sus abogados rechazaron la idea de funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de que hubiera algún posible daño por mal manejo de los documentos y argumentaron que la indagación es “una disputa de almacenamiento de textos que se salió de control”.
El equipo legal afirmó que el exmandatario (2017-2021) tiene un amplio poder para controlar sus registros incluso después de dejar el cargo, a lo cual el DOJ respondió que “Trump no puede tener ningún reclamo posible”.
“No hay ninguna indicación de que los supuestos registros clasificados fueron revelados a nadie”, y sí parece que los archivos estaban principalmente en cajas de almacenamiento en una habitación cerrada con llave en Mar-a-Lago”, indicaron los representantes del magnate citados en un reporte del diario The Hill.
Por su parte, el DOJ enfatizó en que las marcas de clasificación establecen en los mismos documentos que son materiales del Gobierno, no los documentos personales del demandante.
“Y por varias razones, ninguna afirmación potencial de privilegio ejecutivo podría justificar la restricción de la revisión y el uso del poder ejecutivo de los registros clasificados en cuestión”, subrayó el Departamento de Justicia.
La respuesta del equipo de Trump ocurrió después de que el jueves pasado el DOJ indicara su voluntad de apelar el fallo de una jueza de distrito que dio luz verde a la designación de un maestro especial para revisar los archivos hallados en Mar-a-Lago.
La magistrada Aileen Cannon también bloqueó entonces al Departamento de Justicia el acceso a los documentos incautados, lo cual generó críticas de quienes consideraron la decisión como una obstaculización sin precedentes de una importante investigación criminal.
La presentación de este lunes dedicó unas cuantas páginas a señalar que los presidentes tienen el poder de desclasificar documentos, pero nunca dice que Trump lo haya hecho realmente, precisa The Hill.
El FBI intervino en Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto bajo sospechas de que el exmandatario violó la Ley de Espionaje y cometió otros delitos como obstrucción de la justicia y manejo criminal de registros gubernamentales.
Según señaló el DOJ, en todos los meses de discusiones el equipo legal de Trump no ofreció una explicación de por qué el exgobernante tenía unos 10 mil registros gubernamentales almacenados en su propiedad, más de 100 documentos clasificados y algunos de “alto secreto”.
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