Ante los legisladores se presentaron el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata; el comandante de la Policía, Fausto Salinas; el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordoñez; la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, y por videoconferencia se sumó la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Cada uno de ellos detalló cómo procedió ante la investigación del asesinato de Bernal, quien fue vista con vida por última vez cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía, en Quito, el 11 de septiembre, para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, actualmente prófugo de la justicia.
El titular del Interior, -que no fue convocado a la sesión, sino su predecesor, Patricio Carrillo, quien estaba al frente de la cartera en el momento del suceso- afirmó que actuará con firmeza con los policías que estuvieron el día del hecho en la institución ahora bajo su mando.
Zapata anunció que el 22 de octubre se incorporarán siete mil hombres y mujeres al cuerpo policial y se refirió a una reestructuración en el aparato formativo institucional, no total.
Por otro lado, el comandante de la Policía expresó su pesar e indignación por el accionar de seres humanos que aplican violencia “contra los más débiles” y recibió críticas de legisladores que consideraron insuficientes sus condolencias.
La fiscal general, última en comparecer, presentó una cronología de las investigaciones y precisó que solo hay dos procesados: el teniente Cáceres, acusado de femicidio, y la cadete Joselyn Saánchez, quien se encuentra en prisión preventiva.
Finalmente, los legisladores no pudieron hacer preguntas a los funcionarios y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, indicó hacer las interrogantes en la primera sesión de la comisión especial creada para analizar este caso.
Este hecho conmovió a la sociedad ecuatoriana y obligó al gobierno del presidente Guillermo Lasso a anunciar la próxima adopción de un paquete de medidas para disminuir la violencia de género.
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