Ante la presión social, Lasso anunció la semana pasada que adoptaría medidas para enfrentar ese tipo de crímenes y la víspera definió algunas acciones.
Entre ellas está la creación de un registro único de violencia que va a estar a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y no del Ministerio del Interior, el incremento de presupuestos para las casas de acogida y centros de atención para las víctimas, entre otras.
Muchos criticaron a Lasso por tomar esas decisiones solo en respuesta al escándalo mediático, político y social tras el asesinato de Bernal.
La comisión especial de la Asamblea Nacional que analiza ese caso aprobó un programa de comparecencias y convocó al gobernante a declarar este 7 de octubre junto a la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Este miércoles el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, confirmó que el teniente Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso del crimen, huyó a Colombia por vía terrestre entre los días 14 y 15 de septiembre.
Lasso, quien prometió cambiar a la cúpula de la Policía Nacional si no aparecía Cáceres, emitió un comunicado en el cual afirma que todos se mantienen en sus cargos.
Ecuador vive hoy una crisis policial agudizada tras la muerte de Bernal, hecho considerado un crimen de Estado, pues tuvo lugar en el interior de la Escuela Superior de Policía, en Quito, mientras varios uniformados escucharon y conocieron del hecho, pero ninguno hizo nada.
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