Según declaró el ministro de Negocios y Energía, Jacob Rees-Mogg, en la apertura de la ronda de negociaciones, la concesión de las 100 nuevas licencias para operar en 898 bloques apuntalará tanto la seguridad energética como la economía del país.
Garantizar nuestra independencia energética significa explotar todo el potencial de nuestros recursos en el Mar del Norte para incrementar la producción doméstica, expresó el funcionario, quien aseveró que producir el gas en el Reino Unido deja una huella de carbono menor que si se importara desde el exterior.
La Autoridad de Transición del Mar del Norte anunció, por su parte, que el proceso de licitación para las áreas cercanas a los pozos ya existentes se hará de forma expedita, con el objetivo de acortar el tiempo entre la prospección y el inicio de la producción.
El otorgamiento de nuevas licencias petroleras desafía, sin embargo, las advertencias hechas por instancias globales como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de Energía de que la ejecución de nuevos proyectos petroleros es incompatible con los esfuerzos para frenar el calentamiento global.
La filial británica de la organización ecologista Greenpeace anunció, a su vez, que buscará las vías para presentar una demanda ante tribunales y tratar de detener la apertura de nuevos campos petroleros y gasíferos en el Mar del Norte.
La política energética de este gobierno solo beneficia a las compañías que negocian con combustibles fósiles, y a nadie más, señaló Philip Evans, de Greenpeace UK.
El activista también consideró que las nuevas licitaciones no ayudarán a reducir la factura de electricidad y gas de las familias que luchan por pagar el servicio este invierno, ni brindará seguridad energética a mediano plazo.
Las nuevas licencias, y sobre todo, más combustibles fósiles, no resolverán ninguno de esos problemas, sino que empeorarán la crisis climática, remarcó Evans.
El Reino Unido se comprometió el año pasado a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, como parte de sus compromisos para detener el cambio climático, pero el Gobierno dijo a finales de septiembre que revisará esos planes, con el objetivo de garantizar también el crecimiento económico y la seguridad energética.
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