Grupos de veteranos llegaron este miércoles hasta la sede del Legislativo -bajo un fuerte dispositivo de seguridad- para expresar su descontento con la llamada Ley Temporal de Desarrollo Integral (iniciativa 6073), la cual establece un pago de 36 mil quetzales (cuatro mil 597 dólares) a cambio de trabajos ambientales.
El ahora Decreto obtuvo 81 votos a favor, 10 en contra y 69 ausentes, como expresión del rechazo al mismo por parte de bancadas opositoras y de otras afines que en este caso cuestionan el apoyo económico a los excombatientes por su participación en el conflicto armado interno.
Desde hace meses, los militares retirados imponen bloqueos en carreteras y plantones en el Congreso -algunos violentos-, a modo de presión a los diputados y el Gobierno en busca de una solución afín a sus intereses, la cual incluiría un beneficio de 120 mil quetzales (15 mil 228) sin condiciones.
Justo la semana pasada, cuando en el Hemiciclo comenzó la discusión de la 6073, salieron a las calles durante tres días seguidos para exigir sus demandas mediante la iniciativa 5664, aún sin dictamen técnico y cuestionada por sus bases legales y eventual fuente de financiamiento.
Expertos advirtieron que aprobar esta última tras una serie de advertencias -más bien amenazas-, sería un precedente negativo porque cualquiera podría utilizar la intimidación para conseguir sus propósitos.
También dentro de las propias organizaciones hay divisiones, ya que unos están conformes con la 6073 y otros anunciaron que promoverán más bloqueos si la 564 no obtiene el visto bueno.
Esta semana, en represalia, anunciaron desde hoy y hasta el viernes nuevos bloqueos y protestas, y responsabilizaron a la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, y al presidente Alejandro Giammattei de las futuras acciones.
Sin embargo, el asunto tiene vieja data, pues cuando Giammattei era candidato, fue uno de los primeros en ofrecerles apoyo económico por sus servicios, y después, la lista incluyó a funcionarios y hasta diputados (promesas políticas) sin tener en cuenta el descontento de estos grupos sociales y su actuar violento.
En sus protestas han agredido físicamente a periodistas, en 2021 quemaron algunas oficinas del Congreso, y hoy causaron problemas durante el acto de clausura de la III Cumbre de Mujeres Indígenas con sede en la capitalina Plaza de la Constitución, donde también se enfrentaron a golpes unos a otros.
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