De acuerdo con el ente, seis de las ocho preguntas podrán ser tramitadas como enmiendas, o sea, sí podrán someterse a escrutinio en las urnas, y las dos restantes deben usar el mecanismo de reforma parcial, con lo cual deberán tramitarse primero en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Las seis interrogantes aceptadas para someterse directamente al voto popular están relacionadas a la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía, la reducción de Asambleístas, cambios en movimientos políticos, sistema de protección hídrica y servicios ambientales.
Por el legislativo debe pasar la referida a que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado y la vinculada a la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para elegir autoridades.
Esa definición de la Corte es el primer filtro de las preguntas propuestas por el ejecutivo, pues ahora las autoridades competentes analizarán la constitucionalidad del contenido.
La bancada legislativa de la alianza Unión por la Esperanza rechazó la consulta por considerarla una cortina de humo que usa el gobierno del presidente Guillermo Lasso en busca de oxígeno tras un año y medio de incompetencias en todo nivel.
Asimismo, consideraron el procedimiento “tramposo e inconstitucional” y afirmaron que los problemas del país se resuelven con políticas públicas beneficiosas para la mayoría, no con una consulta “mañosa”.
La administración insiste en realizar la consulta junto a las elecciones seccionales y del Cpccs, el 5 de febrero de 2023.
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