La llamada Coordinadora por la Revocatoria, que reúne a diversos grupos, trabaja para lograr por vías legales el fin del gobierno de Lasso y su vicepresidente, Alfredo Borrero, bajo el argumento de que han incumplido el Plan Nacional de Desarrollo.
El 8 de octubre, el juez Joaquín Viteri, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), negó la entrega de formularios para la recolección de firmas que daría paso al proceso legal para convocar a un plebiscito y decidir la permanencia de los jefes del ejecutivo.
Este lunes, el colectivo impulsor de la revocatoria ratificó en su cuenta de Twitter que apelarán e insistirán en el ejercicio de la democracia, aunque deban hacer frente a corruptos y a violaciones sistemáticas de las normas, leyes y hasta de la Constitución de la República.
La Coordinadora inició la solicitud después del 24 de mayo pasado, cuando se cumplió el primer año de Lasso en el poder, y en junio el Consejo Nacional Electoral negó la entrega de los formularios para la recolección de las cerca de dos millones de firmas necesarias para iniciar el proceso.
La revocatoria, establecida en la Constitución, permite a los ciudadanos terminar, a través de las urnas, el periodo de mandato para el cual las autoridades fueron electas.
En redes sociales varios ciudadanos manifestaron su apoyo al fin del mandato de Lasso, cuya aprobación descendió al 16,62 por ciento, menor puntuación en sus 16 meses en el cargo, según la encuestadora Perfiles de Opinión.
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