La Asamblea Nacional (parlamento) aprobó la Ley Especial para el Sufragio en el Exterior que regulará los sistemas de votación remota por internet y electrónica presencial para los salvadoreños fuera del país.
El Partido Nuevas Ideas (56 votos de 84), con el respaldo de otras agrupaciones minoritarias, sacó adelante la iniciativa pese a que sus adversarios alegaron que la normativa “no garantiza la seguridad y confianza en el voto”, a la vez que esgrimieron que se está gestando un fraude “monumental” para las elecciones de febrero de 2024.
Por otra parte, en la semana recibió gran atención de los medios una orden emitida por un juez de un pequeño pueblo que destapó un tema espinoso y que se hará sentir en semanas y meses.
Tras más de 40 años de impunidad por el asesinato en 1982 de un equipo de televisión integrado por cuatro neerlandeses, María Arguello, jueza de primera instancia de Dulce Nombre de María, de Chalatenango, ordenó el arresto de los presuntos culpables.
El exministro de la Defensa, general José Guillermo García, y el exdirector de la Policía de Hacienda (PH), coronel Francisco Antonio Morán, están detenidos.
Al parecer el reloj de la impunidad que mantenía las muertes de Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans ter Laag y Joop Johannes Jan Willemsen, sin ser resueltas por la justicia salvadoreña se detuvo.
Otro de los presuntos culpables, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la cuarta brigada de infantería, también es requerido, y se espera su extradición de Estados Unidos, país santuario de criminales de guerra y genocidas de dictaduras militares de décadas pasadas.
Los periodistas fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla del Batallón Atonal que salió de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, y que los emboscó en Santa Rita, Chalatenango, cuando se dirigían a una zona controlada por la guerrilla durante su cobertura periodística para la cadena IKON TV.
En la semana también fueron noticia, o al menos recibieron una profusa cobertura de medios afines al gobierno del presidente Nayib Bukele, la divulgación de dos encuestas, una del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y otra de CID Gallup.
El respaldo social al régimen de excepción (75.9 por ciento) y una polarización sobre si esta política resolverá el problema de las pandillas (46.1 por ciento cree que sí y el 49.8 cree que no) dieron un toque de alerta a las autoridades.
Mientras el muestreo de CID Gallup brindó elementos para motivar destacadas referencias al buen trabajo de Bukele y su gobierno. El 86 por ciento de la población califica de buena o muy buena la gestión del mandatario salvadoreño, en especial en material de seguridad y educación.
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