Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
Al parecer la impunidad sostenida luego de las muertes de Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans ter Laag y Joop Johannes Jan Willemsen, integrantes masacrados de un equipo de televisión de Países Bajos, llegó a su fin y habrá una acción de la justicia que pudiera ser el detonante para resolver incluso otros casos.
Pero la reacción de los presuntos culpables no demoró y un grupo de exmilitares, en un informe pagado en el Diario de Hoy, pidieron ayuda al presidente Nayib Bukele tras la captura de un coronel y un general involucrados en la preparación y ejecución de la acción.
Hay alarma entre los “intocables” pues tras una larga demora, más de 40 años, al parecer la justicia irá contra la arbitrariedad que envolvió el caso y que ahora estremece a la sociedad salvadoreña.
En el informe publicado en uno de los medios más antiguos del país, fundado en 1936, el cuerpo de oficiales y generales en situación de retiro de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) demandó al gobernante buscar una solución definitiva a “la persecución” que aseguran hay contra de militares acusados por crímenes cometidos en la guerra civil.
El caso adelanta borrascas desde el 15 de octubre, cuando el Juzgado de Dulce Nombre de María ordenó los arrestos del coronel de infantería Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda, y del general de división José Guillermo García, exministro de la Defensa Nacional.
Ambos militares en posición de retiro son acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de los cuatro informadores holandeses, ocurrido en Chalatenango en 1982, mientras cubrían la guerra en la que según el propio Bukele, Washington invertía un millón y medio de dólares diarios para impedir la victoria de las fuerzas guerrilleras. En ese entonces Morán era director de la Policía de Hacienda, para muchos la más tenebrosa de las organizaciones militares de la época, y García ministro de Defensa, posición desde la cual presuntamente supervisó la acción que ejecutó el sargento Mario Canizales, muerto posteriormente por la espalda, al frente de 25 elementos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal.
La Fundación Comunicándonos recientemente se pronunció al respecto y manifestó que ambos militares “son acusados por saber de la orden de asesinato y no haber actuado al respecto”.
A PESAR DE REACCIÓN DE MILITARES, PROCESO SIGUE CURSO
Según dijeron fuentes a Prensa Latina en condición de anonimato, la situación crea malestar en las filas castrenses, pues hay una división dentro de la Fuerza Armada, unos a favor de aplicar la justicia y otros a dejar en paz a los presuntos asesinos.
La reacción de los militares en un campo pagado era de esperarse, ya que significa «cerrar filas siempre a favor de la impunidad y nunca a favor de la verdad y justicia para las víctimas del conflicto pasado», estiman defensores de las víctimas y familiares.
“Si bien colocan la pelota en la cancha del presidente Bukele, es una prueba más para la llamada independencia de poderes en el país. La búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas debe continuar, el mismo país lo espera así”, aseguró Oscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos.
El proceso seguirá su curso, mientras se espera la extradición desde Estados Unidos del excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
Recientemente el periódico digital Voces, desde un inicio de los hechos muy cercano al caso, dijo que ahora “se abre el camino de la verdad y justicia para los periodistas holandeses asesinados en El Salvador”.
El experto Carlos Portillo aseguró que hasta ahora nadie descorrió la cortina que oculta la “estela de dolor e impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en esta oscura etapa” de la historia salvadoreña.
Ni gobiernos de derecha ni de izquierda -tampoco el actual- dieron señales concretas de resarcir los daños ocasionados a las víctimas y sus familiares o condenar a los antiguos mandos militares que ordenaron horrendos crímenes, señaló.
No obstante, el 14 de octubre de 2022 la jueza María Mercedes Argüello, titular del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, un pequeño poblado de Chalatenango en el norte de El Salvador, ordenó la captura de esos altos mandos militares por su presunta participación en este crimen ocurrido la tarde del 17 de marzo de 1982.
Hay innumerables pruebas y evidencias que ponen el foco de atención en la Policía de Hacienda, un ente tenebroso, donde el coronel Francisco Antonio Morán fraguó el crimen por indicaciones “de arriba”, donde se movían estrellas y entorchados de los altos jefes militares.
La orden de la jueza incluye a otros dos militares ya fallecidos: el general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, y el sargento Canizales, quien dirigía la patrulla de 25 efectivos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal, que perpetró la emboscada y masacre de los periodistas.
El equipo completo de IKON TV, integrado por los cuatro holandeses, fue masacrado cuando cumplía con su labor informativa y pretendía dar a conocer al mundo las condiciones de las familias salvadoreñas en las zonas rurales, donde con absoluta impunidad actuaban los militares y cometían masacres contra niños, ancianos y todo lo que parecía guerrilla.
Por ejemplo, en la conocida como masacre de El Mozote, el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador, durante un operativo de contrainsurgencia realizado los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, ejecutó a más de 978 personas, de ellas, 553 menores de edad; para muchos fue la peor masacre del Hemisferio Occidental en tiempos modernos.
La impunidad no se rompe aún, sino que se nos está dando la posibilidad que haya un proceso penal, un juicio justo, expresó en un programa de Radio Ysuca el abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu) y litigante del caso, Pedro Cruz.
Hoy tienen la calidad de sospechosos (los militares capturados) de haber planeado el asesinato, indicó.
Este pudiera ser el fin del caso y el pistoletazo de arrancada de otros procesos que esperan porque se abra paso la verdad y la justicia en el país.
arb/lb
