La entidad gubernamental argumenta que el gobierno se negó a destinar fondos federales para resolver la peligrosa crisis del agua que hasta el día de hoy afecta a la capital del estado, cuya población es mayoritariamente afroamericana (83 por ciento).
Desde 1996, Misisippi recibe dinero federal para abordar las necesidades de agua potable de su población; sin embargo, Jackson solo accedió a estos en tres ocasiones a lo largo de estas poco más de dos décadas y media.
“Durante años, las comunidades negras han vivido los impactos de la desinversión intencional” en el sistema de agua, dijo la abogada Abre’ Conner, de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, organización que presentó la denuncia.
Según el sitio alternativo Democracy Now, Conner sostiene que, con la creación de la nueva oficina de derechos civiles de la EPA, el Gobierno tiene “una oportunidad de corregir injusticias que, durante años, han afectado a las comunidades negras y a otras históricamente desfavorecidas”.
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