El grupo de cinco legisladoras integrantes de la comisión presentó este lunes un informe de 73 páginas no vinculante que detalla las competencias y omisiones del caso.
La asambleísta Mireya Pazmiño manifestó a la prensa que las conclusiones establecen una responsabilidad estatal en el delito, pero sin llegar a constituir un crimen de Estado.
El dictamen apunta a la culpabilidad del ejecutivo por no ejecutar políticas públicas de control adecuado, pues en el asesinato de Bernal la Policía Nacional incumplió los protocolos pertinentes, al igual que otras instituciones, declaró Pazmiño a la prensa.
Subrayó la complicidad del gobierno al no brindar información adicional para la pesquisa parlamentaria, ni siquiera los nombres de las autoridades a cargo de la supervisión y seguridad la noche del 11 de septiembre pasado, cuando ocurrió el homicidio.
Por esa razón, la comisión sugirió someter a juicio político al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y el exministro del Interior, Patricio Carrillo, quien ocupaba el cargo al momento del crimen.
Las legisladoras informaron que enviarán el documento al pleno de la Asamblea y a las instituciones nacionales e internacionales garantistas de derechos humanos para dar seguimiento a la investigación.
El asesinato de María Belén Bernal sacó a la luz la realidad de la violencia de género en Ecuador, donde este año mataron a 207 mujeres.
El principal sospechoso de la muerte es su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien al parecer cometió el crimen dentro de la Escuela Superior de Policía, en Quito, y se encuentra prófugo de la justicia.
El país no tiene una política pública en seguridad, tampoco en erradicar la violencia de género, apuntó la legisladora Yeseña Guamaní, vicepresidenta de la Comisión.
De acuerdo con un estudio de la Asociación Latinoamérica para el Desarrollo Alternativo, cada 28 horas una mujer en Ecuador es víctima de violencia.
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