Con esta medida aprobada por la mayoría del Partido Nuevas Ideas se persigue integrar los tribunales con magistrados que respondan a decisiones del gobierno de condenar a cualquier persona, incluso si no se le probó la comisión de un delito, indican las fuentes.
Marleni Funes, diputada por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, estimó que las reformas van encaminadas “a cambiar a estos jueces y poner a otros que digan solo que sí”.
Yo le he perdido la fe al sistema judicial, puntualizó. El objetivo, dijo, es mantener las capturas no importando si son legales o ilegales.
Mientras, el representante parlamentario de Nuestro Tiempo John Wright denunció que en lo aprobado hay vulneraciones a “derechos constitucionales, procesales; son medidas cortoplacistas”, a la vez que manifestó su preocupación porque se nombre a jueces sin conocimiento necesario en la materia.
Claudia Ortiz, de la agrupación Vamos, destacó la falta de independencia del órgano judicial respecto al Ejecutivo. Estas reformas aprobadas la víspera dejan vulnerables a posibles detenidos que son inocentes y da mayores beneficios a posibles delincuentes, apuntó la también abogada.
Según lo resuelto en el foro legislativo de 84 miembros con el voto a favor de 64 de sus integrantes, a partir de enero de 2023 comenzarán a funcionar los tribunales y cámaras contra el crimen organizado.
Fuentes judiciales explicaron que esos tribunales serán conformados por personal de 42 juzgados y cada uno estará compuesto por cuatro jueces propietarios con sus suplentes. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombrará a los jueces de los 11 tribunales y a los magistrados de dos cámaras contra el crimen organizado.
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