Al intervenir durante el debate del proyecto de resolución para poner fin a esa política de Washington, efectuado este jueves en la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló que la escalada, «más cruel e inhumana», tiene el propósito de hacer colapsar la economía del país y crear ingobernabilidad.
Rodríguez denunció que se trata de un acto de guerra económica para impedir los ingresos financieros de la nación y destruir así la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de la población.
Añadió que, como establecieron desde los años 60 del pasado siglo, estas medidas coercitivas unilaterales intentan provocar el desengaño, fomentar el desaliento y, mediante el hambre y la desesperación, derrocar a la dirección de la nación caribeña y el orden social elegido por la ciudadanía.
El canciller sostuvo además que esta política genera condiciones que alientan la migración irregular, desordenada e insegura, que cuesta vidas de cubanas y cubanos.
Ello contribuye además al crimen internacional y la trata de personas, enfatizó.
El ministro dijo que resulta imposible cuantificar la angustia generada por los cortes de electricidad, el desabastecimiento, las colas, los obstáculos a los proyectos de vida de las familias y en especial de los jóvenes.
Recordó que en los primeros 14 meses de la administración estadounidense de Joseph Biden, el bloqueo costó a la isla más de seis mil 364 millones de dólares, alrededor de 15 millones diarios.
Agregó que de agosto de 2021 a febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas estuvieron en el orden de los tres mil 806 millones de dólares, un monto récord para un período reducido como ese de siete meses, y apuntó que de no estar vigente el cerco norteamericano, el producto interno pudo crecer poco más de un 4,0 por ciento.
Más del 80 por ciento de la población cubana actual nació bajo dichas acciones hostiles, manifestó Rodríguez, quien cuestionó cómo sería la nación caribeña sin la existencia de esa política fallida.
Rememoró que más de tres décadas han pasado desde que la Asamblea comenzara a demandar cada año el fin de este acto de genocidio, que desde su imposición ha costado 154 mil 217 millones de dólares a precios corrientes.
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