Este lunes, la Asamblea Nacional (parlamento) analizó la crisis de inseguridad en esta nación suramericana y legisladores de diferentes partidos abogaron por no utilizar ese mecanismo previsto constitucionalmente y que, de aprobarse, supondría la realización de elecciones anticipadas.
Durante casi ocho horas discursaron los asambleístas, pero ninguno propuso ante el pleno la “muerte cruzada”, la cual pone también en riesgo los cargos de cada uno de ellos y ya se intentó sin éxito a raíz del histórico paro del mes de junio.
Sobre la posibilidad de iniciar ese procedimiento, la asambleísta Pamela Aguirre, de la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES), aseguró que no lo plantearían durante la sesión, pero si algún otro partido lo ponía sobre la mesa ellos lo respaldarían.
Para Esteban Torres, jefe de bloque del Partido Social Cristino, sería una “irresponsabilidad” en medio de la crisis de seguridad traer a colación ese discurso que desestabilizaría aún más el panorama político nacional.
No obstante, el denominador común de la mayoría de los discursos fueron las críticas a la respuesta del gobierno del presidente Guillermo Lasso frente a la ola de violencia.
Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, criticó a la administración por no tener la voluntad política para trabajar con la Asamblea en temas de seguridad, pues el mandatario prohibió a sus ministros encargados de la seguridad asistir al parlamento.
Por otro lado, Walter Gómez, de UNES, mencionó la falta de presupuesto que ha debilitado a la policía, al punto de que ahora los uniformados hacen colectas para poder enfrentar a la delincuencia.
En ese sentido, su colega de bancada, Giselle Garzón manifestó que la delincuencia organizada se debe tratar de manera integral y para lograrlo el Gobierno debe invertir más en seguridad y sectores sociales.
La asambleísta Fernanda Astudillo, de la Revolución Ciudadana, señaló que “vivimos en un estado permanente de miedo y terror, todo por la ineptitud del Gobierno Nacional» y cuestionó las declaratorias constantes de estados de excepción que no resuelven la raíz del problema.
Desde la semana pasada tienen lugar una serie de atentados en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, que dejaron al menos cinco policías fallecidos, decenas de heridos y daños materiales.
La tasa de homicidios en Ecuador asciende ya este año a 21 por cada 100 mil habitantes debido a la guerra de cárteles nacionales e internacionales por el control del narcotráfico y la ineficiente respuesta estatal a esa cuestión, estiman expertos en la materia.
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