Un informe del diario La Prensa Gráfica denunció la detención arbitraria de esos jóvenes que presentaron una obra de teatro en el Bajo Lempa, a la vez que destacó un comunicado de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa exigiendo la libertad de los menores.
Algunas fuentes citadas por los medios aseguran que los muchachos fueron perseguidos por las autoridades tras presentar una obra en la escuela donde estudian.
Precisó el diario que habitantes y líderes de la comunidad Amando López Quintana del cantón El Zamorano de la jurisdicción de Jiquilisco, Usulután, dijeron que las edades de los muchachos fluctúan entre 14 y 17 años.
Los adolescentes fueron arrestados en sus viviendas la noche del sábado 5 de noviembre en el marco del régimen de excepción.
“Fueron los soldados que se los llevaron, hasta botaron puertas en casas de los niños. El día de la presentación de la obra los fotografiaron, y un día antes (29 de octubre) los habían registrado y golpeado. Les tomaron fotos y después los dejaron pendientes para agarrarlos” expresó un familiar de uno de los detenidos.
Presuntamente, señalan testigos, en la delegación policial de El Zamorano les informaron a los familiares que los menores iban detenidos bajo investigación por presuntas vinculaciones con estructuras delincuenciales.
Una fuente citada por el diario dijo que “en la delegación los vimos y los niños iban golpeados, maltratados. Se les pidió explicación de sus detenciones y no las dieron. Yo creo que puede ser como represalia porque un soldado dijo que porque usaron vestimenta como militar para la obra” detalló.
Personas que conocen a los jóvenes, citados por La Prensa Gráfica, dicen que ellos se involucran mucho en actividades de la comunidad, y que participaron en la obra denominada “Reseña Histórica de El Salvador” para regular notas de algunas de sus materias.
Yo no los he visto relacionados en nada de grupos delincuenciales, dijo una fuente anónima del Centro Escolar donde estudian los menores.
La captura causa indignación en la comunidad y el caso genera en la actualidad estados de opinión nada favorables a la política gubernamental de enfrentamiento a las pandillas pese a sus resultados.
Mientras, algunas fuentes alertan que sectores militares intentan crear malestar en las filas castrenses y entre la población para presuntamente afectar al gobierno.
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