Los asambleístas de UNES plantean que una parte de los cuestionamientos deben ser declarados inconstitucionales porque intentan restarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Sería un golpe a la independencia de funciones, afirma el documento “Amicus curiae” de los parlamentarios, quienes aseguran que el Cpccs nació como un quinto poder del estado para permitir a la ciudadanía observar y ser parte del proceso de selección de las autoridades del país.
El pasado mes de octubre la Corte Constitucional aceptó llevar a plebiscito las atribuciones de esa entidad involucrada en la selección de cargos como el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, miembros de la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras designaciones.
La intención de Lasso de vaciar las funciones de ese organismo ha recibido críticas por parte de políticos y analistas.
Las otras interrogantes aceptadas para someterse directamente al voto popular tienen que ver con la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía, la reducción de legisladores, cambios en movimientos políticos, sistema de protección hídrica y servicios ambientales.
Anteriormente los asambleístas de UNES calificaron la consulta como una cortina de humo que usa el gobierno tras un año y medio de incompetencias a todo nivel.
Asimismo, catalogaron el procedimiento de “tramposo e inconstitucional” y afirmaron que los problemas del país se resuelven con políticas públicas beneficiosas para la mayoría, no con una consulta “mañosa”.
El Ejecutivo insiste en realizar la consulta el 5 de febrero de 2023 junto a las elecciones seccionales y de integrantes del mismo Cpccs que Lasso pretende dejar sin parte de sus atribuciones.
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