La víspera el asunto fue abordado por Eduardo García, director de la organización Probúsqueda, en una entrevista en el diario El Mundo, en la cual señaló que la impunidad en el país es un problema por resolver mientras se mantengan la incapacidad para investigar y sancionar a las personas justamente por los delitos cometidos.
Ese es el caso de la profesora Reyna Vanessa Alvarado, capturada el jueves anterior cuando se dirigía al Centro Escolar Ciudad Futura 1, donde trabaja desde hace más de 10 años, la cual aparentemente fue capturada por agrupaciones ilícitas tras ser denunciada de manera anónima.
Según el diario, la maestra se dirigía a la escuela donde imparte clases cuando un agente policial la llamó, diciéndole que solo quería hacerle unas cuantas preguntas. Sin embargo, desde esa hora quedó bajo arresto en el marco del régimen de excepción, por el delito de agrupaciones ilícitas, confirmaron varias fuentes.
De inmediato, añadió el diario, un grupo de profesores, compañeros de Vanessa, fueron a la subdelegación policial a indagar por qué la habían arrestado. La respuesta fue que estaba detenida por agrupaciones ilícitas, bajo el régimen de excepción, luego de ser denunciada de manera anónima.
Por su parte, el Sindicato de Escuelas Municipales de Cuscatancingo (Sitrepes) también denunció la captura.
“Pedimos (al) Ministerio de Educación que exija el respeto a los docentes que están capturando bajo la supuesta denuncia anónima. Pedimos a la Policía Nacional Civil que se ponga en libertad a la compañera docente”, reza la publicación de la organización sindical.
Precisó la publicación que Alvarado tiene una hija que ahora se suma a decenas de niños cuyos padres fueron arrestados arbitrariamente bajo el régimen de excepción y aún permanecen en los centros penitenciarios.
“Lo correcto sería que la policía investigara primero antes de hacer las capturas, pero aquí es al revés, primero capturan y después investigan, y mientras tanto ya han hecho un gran daño a las personas”, argumentó otra persona miembro de la comunidad educativa.
Una fuente citada por el periódico aseguró que este es un caso que pone en evidencia la falta de objetividad y de individualización que hace la Policía Nacional y Fiscalía hacia los verdaderos delincuentes.
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