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Consulta popular en Ecuador espera dictamen de Corte Constitucional

Quito, 14 nov (Prensa Latina) El gobierno de Ecuador espera hoy el pronunciamiento final de la Corte Constitucional para emitir el decreto de convocatoria a una consulta popular, proceso que algunos consideran insuficiente para resolver los problemas del país.

El ministro de Gobierno, Francisco Jimenez, señaló que solamente aguardan la resolución del tribunal sobre el último grupo de tres preguntas presentadas el 31 de octubre y que continúan en análisis.

Estamos dentro del cronograma previsto, manifestó el titular en rueda de prensa este lunes desde Guayaquil, a donde se trasladó el ejecutivo tras declarar estado de excepción por la ola de violencia en tres provincias.

Jiménez precisó que luego de recibir el visto bueno de la Corte Constitucional podrán presentar la solicitud de referendo ante el Consejo Nacional Electoral y entonces tendrán con exactitud la fecha en la que se desarrollará el procedimiento.

No obstante, aunque aún no ha concluido ese proceso, consideró probable que se lleve a cabo conjuntamente con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), comicios marcados para el 5 de febrero de 2023.

El ejecutivo propuso someter al voto ciudadano 11 preguntas, pero hasta ahora solamente ocho de ellas recibieron luz verde de la Corte Constitucional.

Las interrogantes aceptadas para someterse al escrutinio popular tienen que ver con las atribuciones del Cpccs, la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía, la reducción de legisladores, cambios en movimientos políticos, sistema de protección hídrica y servicios ambientales.

La bancada legislativa de la alianza Unión por la Esperanza rechazó la consulta por considerarla una cortina de humo que usa el gobierno del presidente Guillermo Lasso en busca de oxígeno tras un año y medio de incompetencias en todo nivel.

Asimismo, calificaron el procedimiento de “tramposo e inconstitucional” y afirmaron que los problemas del país se resuelven con políticas públicas beneficiosas para la mayoría, no con una consulta “mañosa”.

Para el abogado Mauro Andino existen preguntas “gancho” como las relacionadas con la reducción de asambleístas y de organizaciones políticas que en un contexto de crisis económica buscan seducir a la opinión pública y eso en la práctica haría la diferencia.

oda/avr

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