Este paso, iniciado el 21 de octubre pasado, es el primer eslabón del proceso electoral establecido cada cinco años, donde se constituyen los órganos de poder local y su dirección, y concibe la realización de 44 mil 700 asambleas a nivel de barrio.
Son también el preámbulo de las elecciones nacionales en las que se eligen los diputados al Parlamento, entre ellos, las direcciones de ese órgano y del Consejo de Estado, y el presidente y el vicepresidente de la República.
Para el profesor de Derecho Constitucional, Yuliesky Amador, el proceso reviste un significado crucial, pues es la base del sistema electoral cubano, donde la población elige libremente y de forma directa entre sus vecinos a quienes mejor puedan representarlos.
En declaraciones a Prensa Latina, el especialista apuntó que la condición de delegado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos, y su mandato es revocable en todo momento.
Solo van a poseer carácter profesional los cargos de presidente y vicepresidente de la Asamblea Municipal (órgano superior del poder del Estado a nivel local), de presidente de los consejos populares y de aquellas comisiones permanentes que la Asamblea apruebe, señaló.
De acuerdo con expertos, este ejercicio de democracia participativa directa tiene especial significado en momentos en que la nación enfrenta una compleja situación económica y social derivada, entre otras cuestiones, del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y la arremetida mediática y psicológica desde Estados Unidos.
La participación de la población en el impulso del progreso local, el plan de producciones y servicios, el destino del presupuesto, las obras sociales, entre otros aspectos, coincide con la estrategia gubernamental de consolidar el Socialismo cubano y el desarrollo del país desde las comunidades.
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