“Quiero pedirles, al rector (Vicente Cuéllar) y al presidente cívico (Rómulo Calvo) que nosotros estamos cumpliendo y que ellos cumplan con levantar las movilizaciones”, exigió el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, en declaraciones al canal estatal Bolivia TV.
Según Mercado, ya se cuenta con un proyecto de norma que ratifica el decreto presidencial del censo e incorpora la redistribución de escaños, lo cual fue informado al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Cuéllar, en una reunión el viernes último.
Aseguró la autoridad académica entonces que venía a La Paz con poder de decisión y se esperaba que a su regreso levantara la medida de fuerza, junto a los cívicos, sin embargo, eso no ocurrió.
Según Mercado, el domingo 13 se tomó la decisión, y el lunes ya se contaba con el proyecto de ley que se tratará hoy en la Comisión de Constitución y luego en el plenario de Diputados.
Agregó que su contenido ratifica el Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 el censo y para septiembre de ese mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación.
Explicó que, además, en la normativa se garantizará la entrega de los resultados oficiales del censo al Tribunal Supremo Electoral en septiembre de 2024 para la redistribución de escaños rumbo a las elecciones de 2025.
“Hemos trabajado otra ley que es más precisa y exacta, da garantías de que el decreto no se va a modificar y además el tema de escaños”, precisó el legislador.
Recordó que un Comité Técnico Plurinacional tras una ardua labor definió la fecha del ejercicio censal, por lo cual deploró que Cuéllar y los cívicos insistan en “censo 2023 sí o sí”, aunque varios líderes cruceños ya adelantaron que lo importante son los plazos fijados para la redistribución de recursos y reasignación de escaños legislativos.
Subrayó al respecto que en el último cabildo en Santa Cruz el 13 de noviembre prácticamente se aceptó el decreto del censo y no se volvió a hablar de 2023.
El paro cruceño se caracteriza por la violencia en los puntos de bloqueo, extorsiones a los transeúntes, ataques contra comunidades y policías con garrotes, armas punzantes y cortantes, petardos y medios pirotécnicos de alto poder, saqueos e incendios de sedes de organizaciones sociales.
Al saldo monetario de esas cuatro semanas en que se violó el derecho constitucional de millones de cruceños al trabajo, la libre movilidad y se registraron actos de discriminación racial, según datos oficiales se suman cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia por violación grupal a una mujer y la quiebra de negocios de muchos gremialistas y choferes.
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