La negativa de las administraciones de ceder a los reclamos de los empleados, como el establecimiento de licencias por enfermedad, constituye hoy uno de los argumentos que sustentan la posibilidad de un paro el 9 de diciembre venidero.
Ante el estancamiento de las negociaciones, grupos poderosos como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ferrocarriles presionan al Congreso para que intervenga pues, según la Ley de Trabajo Ferroviario de 1926, ese órgano legislativo tiene potestad para dirimir la disputa.
Justo hace pocas horas a esa instancia legislativa también apeló el presidente del país, Joe Biden, e instó a crear una norma que codifique el Acuerdo Tentativo al que se llegara antes, sin modificaciones ni demoras, para evitar un paro nacional.
“Permítanme ser claro: un cierre ferroviario devastaría nuestra economía. Sin el tren de carga, muchas industrias estadounidenses cerrarían”, comunicó el mandatario.
La tensión en ese sector se entronizó después de que los miembros del sindicato ferroviario más grande de Estados Unidos rechazaron el acuerdo de contrato negociado por la Casa Blanca, y que ahora Biden busca blindar, en el cual se descartó la solicitud de los trabajadores de obtener al menos 15 días pagados por enfermedad.
El convenio, promocionado por la administración del gobernante como una victoria para los obreros y las empresas ferroviarias rentables, no incluye ni siquiera un día remunerado en caso de una emergencia médica, recordó a propósito del suceso el sitio Common Dreams.
La perspectiva de una intervención del Congreso ante una posible huelga el próximo 9 de diciembre enfurece a los trabajadores, quienes alegan cómo eso dejaría el camino libre para que sus empleadores continúen abusando de ellos mientras obtienen ganancias récord.
En ese ámbito, la mano de obra se ve obligada a menudo a laborar durante largas jornadas por varios días a la semana, con un descanso mínimo entre turnos extensos, e incluso es penalizada por tomarse horas libres para citas médicas o emergencias de salud, recordó el medio.
“Cuando los ferrocarriles se niegan a darnos licencia por enfermedad, lo que están diciendo es que sus ganancias valen más que sus trabajadores y la economía nacional”, tuiteó recientemente Ross Grooters, copresidente de Railroad Workers United, una asociación que integra varios sindicatos.
Instó, en cambio, a buscar mecanismos capaces de hacer rendir cuentas a las empresas, y de garantizar a los ferroviarios la obtención del tiempo libre por enfermedad que necesitan.
Algunos legisladores progresistas, por su parte, también culparon por la amenaza de inminente huelga a las grandes compañías ferroviarias, que reportan enormes ganancias y enriquecen a sus accionistas y ejecutivos, al tiempo que se niegan a ceder en las demandas de larga data de los trabajadores por beneficios básicos de calidad de vida.
La avaricia corporativa nunca termina, escribió el congresista Bernie Sanders.
«El año pasado, la industria ferroviaria obtuvo ganancias récord de 20 mil millones de dólares después de reducir su fuerza laboral en un 30 por ciento en los últimos seis años. Mientras tanto, los trabajadores ferroviarios no tienen días de enfermedad pagados garantizados. El Congreso debe apoyar a los trabajadores ferroviarios”, expresó.
Asimismo, Peter DeFazio, presidente del Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes, dijo que era inconcebible cómo en el siglo 21 a los empleados calificados se les niega la licencia por enfermedad.
Una huelga podría causar interrupciones generalizadas en la cadena de suministro y la economía estadounidense, si se toma en cuenta que alrededor del 30 por ciento de la carga del país se mueve a través de los trenes.
La Asociación Estadounidense de Ferrocarriles calcula que un paro nacional costaría, diariamente, al menos dos mil millones de dólares.
Además de los perjuicios financieros, la cifra pone en evidencia cómo se menoscaba el poder y la relevancia de un sector cuyas justas demandas han sido preteridas durante años.
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