Los cuestionamientos reprobados tienen que ver con el destino de bienes decomisados, la tipificación del delito de extorsión por delincuencia organizada, y la implementación de descuentos tributarios para quienes empleen a personas de 45 años o más.
El tribunal exhortó al Ejecutivo a elaborar proyectos de leyes sobre esos temas y someterlos a la Asamblea Nacional.
Este es un revés para Lasso, cuya administración esperaba el visto bueno de esas tres propuestas para emitir el decreto con las preguntas definitivas y convocar a la votación junto con las elecciones seccionales marcadas para el 5 de febrero de 2023.
Hasta el momento la Corte Constitucional aceptó ocho preguntas sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía, la reducción de legisladores, cambios en movimientos políticos, sistema de protección hídrica y servicios ambientales.
La bancada legislativa de la alianza Unión por la Esperanza rechazó la consulta por considerarla una cortina de humo que usa el Gobierno en busca de oxígeno tras un año y medio de incompetencias en todo nivel.
Asimismo, calificaron el procedimiento de “tramposo e inconstitucional” y afirmaron que los problemas del país se resuelven con políticas públicas beneficiosas para la mayoría, no con una consulta “mañosa”.
Para el abogado Mauro Andino existen preguntas “gancho” como las relacionadas con la reducción de asambleístas y de organizaciones políticas que en un contexto de crisis económica buscan seducir a la opinión pública y eso en la práctica haría la diferencia.
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