Más temprano este martes la Corte Constitucional rechazó tres preguntas que el Ejecutivo pretendía incluir en la votación sobre seguridad y empleo, pero el tribunal determinó que fueran tramitadas como proyectos de ley en la Asamblea Nacional (parlamento).
En respuesta a ese evidente revés, la administración decidió rápidamente convocar a la consulta con las ocho cuestiones que ya habían sido aprobadas semanas antes por el ente judicial.
Los ecuatorianos podrán decidir sobre ocho preguntas que traerán más seguridad, mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente, señaló Lasso en Twitter.
Los temas que se someterán al voto están vinculados con el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía, la reducción de legisladores, cambios en movimientos políticos, sistema de protección hídrica y servicios ambientales.
Ahora el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para llamar a la consulta popular y ejecutarla en 60 días.
Ese plazo se vencería alrededor del 13 de enero de 2023, pero con los comicios seccionales previstos para el 5 de febrero, la autoridad electoral podría argumentar la necesidad de unificar los dos procesos y así disminuir costos.
La consulta popular genera polémica en la sociedad ecuatoriana, pues algunos lo consideran innecesario e ineficaz para resolver los problemas nacionales.
La bancada legislativa de la alianza Unión por la Esperanza rechazó el procedimiento por considerarlo una cortina de humo que usa el Gobierno en busca de oxígeno tras un año y medio de incompetencias en todo nivel.
Para el abogado Mauro Andino existen preguntas “gancho” como las relacionadas con la reducción de asambleístas y de organizaciones políticas que en un contexto de crisis económica buscan seducir a la opinión pública y eso en la práctica haría la diferencia.
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