Para los legisladores de UNES modificar el rol de las Fuerzas Armadas de manera que puedan ayudar de forma permanente a la Policía Nacional sin necesidad de declarar estados de excepción «no es la gran solución».
El coordinador de la bancada, Mauricio Zambrano, sostuvo que es imprescindible también la aplicación de políticas públicas adecuadas y reiteró que el bloque revisará la propuesta y la apoyará si es beneficiosa para los ecuatorianos.
Recordó que en 2015 el entonces gobierno de la Revolución Ciudadana, planteó una enmienda similar, pero la derogaron tres años después, durante el mandato de Lenin Moreno con el apoyo del actual partido gobernante Creando Oportunidades (CREO).
Su colega de partido, Gissela Garzón manifestó que, coherentes con el país y a tono con la urgencia existente en materia de seguridad, acompañarán el análisis de la enmienda sin dejar de señalar que una ley no basta sin políticas públicas y capacidad de ejecución presupuestaria.
Desde la tolda de Izquierda Democrática, Johanna Moreira, coincidió en la importancia de ayudar a resolver el problema de la inseguridad, aunque advirtió que no se puede seguir con propuestas “demagógicas” sin ir a la raíz del conflicto.
Declaró analizará la propuesta, porque sacar a los militares a las calles podría conllevar a abusos de derechos humanos.
Este miércoles, el presidente Lasso fue personalmente a la Asamblea Nacional (parlamento) a entregar el documento con su idea de cambiar el rol de las Fuerzas Armadas y ante cientos de simpatizantes pidió a los legisladores aprobar la iniciativa con urgencia.
El mandatario intentó incluir ese tema en la consulta popular que se realizará en febrero, pero la Corte Constitucional la rechazó.
La actual oposición, mayoría en el parlamento, asegura que no va a obstaculizar el proyecto siempre y cuando cumpla con lo previsto en la Constitución.
Como muchos legisladores, especialistas consideran que esa no sería una solución del todo eficaz, pues en varias ocasiones a través de los estados de excepción las Fuerzas Armadas intervinieron en el control social sin lograr su propósito, pues la escalada de violencia continúa en el país.
jcm/avr
