En un informe de 500 páginas, el secretario general de la organización, Dante Leguizamón, expuso así el ascenso de ese flagelo en 2022 con cárceles copadas por bandas criminales y el Poder judicial tanto como la Fiscalía infiltrados por delincuentes y los sobornos.
El crimen organizado ya atravesó todas las clases sociales, altos cargos del Estado, gobernaciones y el Congreso, refirió, y alertó que el transnacional llegó a esta capital e incluso contamina cooperativas.
Su metástasis en las vidas cotidianas la marca el asesinato de Vita Aranda (atentado ocurrido en un festival musical a fines de enero), detalló, mientras amplió sobre el operativo antinarcótico A Ultranza Py, del 22 de febrero pasado.
Los investigados se manejaban en círculos de la “clase alta de la nación”, e incluso con vínculos con políticos, como los diputados Juan Carlos Ozorio (Asociación Nacional Republicana (ANR)-oficialismo) y Erico Galeano (ANR-HC), aspirante a senador), destacó el texto.
El clan González Daher es un ejemplo de infiltración del crimen organizado en el sometimiento del Poder Judicial a través del sistema de fuerzas políticas y lo notable fue que ningún magistrado denunció los aprietes en todos estos años, recalcó.
Liderado por los hermanos Óscar y Ramón, este grupo mantuvo estrechos vínculos con el Partido Colorado, dirigentes deportivos de fútbol y cabezas de una organización criminal, profundizó.
En cuanto a las calificaciones de “significativamente corruptos” del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y del actual vicemandatario Hugo Velázquez (ambos de ANR), Codehupy enfatizó que a pesar de la gravedad, la Fiscalía no adelantó investigaciones eficaces hasta el momento.
Por todo ello, exhortó a un “pacto por la justicia” y descartó no obstante que el panorama político lo favorezca, por lo cual vaticinó años muy duros para la defensa de los derechos humanos.
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