Aunque las partes estuvieron en desacuerdo durante el último año y medio, e incluso el panel rechazó en mayo una petición del DOJ para acceder a las transcripciones de sus entrevistas, el tono parece cambiar en pos de la colaboración.
De acuerdo con el diario The Hill, esa modificación sucede a medida que está más cerca el grupo de divulgar su informe sobre los disturbios, lo cual está programado para el 21 de diciembre.
El panel tiene previsto hacer públicas gran parte de las evidencias reunidas, incluidas entrevistas y declaraciones de más de mil testigos, en el que será el último acto oficial de la comisión.
El mandato de esa asociación concluye con la publicación del reporte, de ahí que el DOJ aparezca como socio potencial para continuar su trabajo y denunciar a quienes en su opinión infringieron la ley para impedir el traspaso pacífico de poderes, enfatizó el periódico.
El presidente del grupo de la Cámara Baja, Bennie Thompson, señaló recientemente que parte de “nuestras obligaciones y del juramento es que tenemos que cooperar”, y enfatizó en que si los investigadores tienen un interés particular en asunto, compartirán todo lo que puedan.
En el pasado, el DOJ afirmó ante tribunales que el hecho de que el panel no facilitara las transcripciones “complicaría” su investigación y fue logrado un acuerdo, el cual hasta ahora fue incumplido por los congresistas.
El fiscal general Merrick Garland señaló las diferencias en una reciente rueda de prensa y ratificó su intención de tener todas las pruebas recopiladas por el comité para poder utilizarlas en el curso ordinario de las investigaciones sobre el ataque al Congreso.
Thompson comentó también que, en última instancia, corresponde al Departamento de Justicia determinar cómo seguir adelante con las recomendaciones del grupo.
El panel formó en las últimas semanas un subcomité para evaluar hasta qué punto el comportamiento del expresidente Donald Trump (2017-2021) y aquellos en su órbita justificaba hacer remisiones criminales y determinar a quién incluir en la lista, que detallaría también las posibles leyes infringidas, análisis jurídicos y pruebas.
Por su parte, el Departamento de Justicia parece intensificar su propia investigación sobre el 6 de enero tras el nombramiento del abogado especial Jack Smith, que también está supervisando la pesquisa sobre el presunto mal manejo de Trump de registros clasificados en Mar-a-Lago, residencia del expresidente en Florida.
El 6 de enero de 2021 cientos de simpatizantes de Trump atacaron el Capitolio federal para detener la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020, insurrección que ocasionó cinco muertos y más de 140 policías resultaron heridos.
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