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Corte de EEUU revisará en febrero plan para deuda estudiantil

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Washington, 12 dic (Prensa Latina) El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó hoy escuchar, presumiblemente en febrero próximo, un segundo enfrentamiento legal sobre el plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden, bloqueado por fallos judiciales.

De acuerdo con el diario The Hill, los alegatos estarán relacionados con un recurso interpuesto por prestatarios individuales que argumentaron que la promulgación del programa era incorrecta desde el punto de vista del procedimiento.

En agosto pasado, la Casa Blanca anunció que condonaría parte de la deuda contraída por cerca de 40 millones de ciudadanos para pagar sus estudios universitarios, lo cual dividió a la opinión pública entre quienes lo vieron como un alivio a los bolsillos, o una chispa para la inflación.

La medida incluía perdonar el pago de hasta 10 mil dólares para aquellos prestatarios con ingresos por debajo de los 125 mil dólares anuales y a los beneficiarios del programa Beca Pell (que ayuda a las familias de bajos ingresos) los eximió del pago de 20 mil dólares.

Un juez federal con sede en Texas invalidó el mes pasado la iniciativa y un tribunal con sede en Nueva Orleans dejó que el fallo se mantuviera, lo que provocó la apelación del Gobierno ante el Tribunal Supremo.

También una corte en San Luis detuvo el plan en respuesta a un recurso presentado por seis estados de tendencia conservadora: Nebraska, Misuri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur.

A principios de este mes, los jueces aceptaron escuchar la apelación de la administración a esa sentencia, pero rechazaron restituir inmediatamente el programa.

La Casa Blanca insiste en que su política está autorizada por una norma federal de 2003 conocida como Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes, a la cual recurrieron el gobierno de Donald Trump (2017-2021) y el de Biden para aliviar la presión financiera de los prestatarios estudiantiles durante la pandemia de Covid-19.

La Oficina Presupuestaria del Congreso norteamericano estima que el plan costará unos 400 mil millones de dólares en 30 años.

rgh/cgc

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