La defensa del exvicemandatario solicitó a la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Melissa Muñoz definir una sanción única para Glas, condenado a seis años por presuntos delitos de asociación ilícita en el caso Odebrecht y a ocho años por cohecho agravado en la causa conocida como Sobornos.
En enero pasado le negaron la unificación de penas porque existía una acusación por peculado cuya sentencia aún no estaba en firme, sin embargo, ese panorama cambió a inicios de noviembre.
El mes pasado la Corte Nacional de Justicia desestimó la acusación contra el exvicemandatario y otros seis implicados en supuestas irregularidades de contratos para la extracción de petróleo en el campo Singue durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Con ese fallo el exvicegobernante puede pedir juntar las sanciones y acceder a la llamada prelibertad.
El abogado de Glas, Édison Loaiza, considera que ahora los jueces no tienen justificación legal para negar la petición, ya que el acusado cumplió el tiempo de encarcelamiento previsto por la ley.
Hace 14 días, el magistrado Emerson Curipallo, de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, emitió una medida cautelar que facilitó la libertad del antiguo vicemandatario, quien debe presentarse una vez por semana en Guayaquil y tiene prohibida la salida del país.
El político salió en la noche del 28 de noviembre de la Cárcel 4 de Quito, donde lo esperaban decenas de personas entre amigos, activistas y medios de comunicación.
Abogados del exvicegobernante, así como juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales fue encausado.
Glas es considerado el símbolo del “lawfare” (guerra jurídica) en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores de las ideas de Correa obligó a muchos de ellos a exiliarse.
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