El presidente Guillermo Lasso celebró en Twitter el resultado y alegó que eso se debe al “manejo responsable de las finanzas” de su gobierno, aunque ciudadanos y expertos tienen una percepción diferente.
Con esa entrega concluye el llamado programa de Facilidad Extendida (EFP, en inglés) firmado en 2020 por el entonces mandatario Lenín Moreno y renegociado en 2021 por Lasso.
La deuda de los ecuatorianos con el FMI asciende ahora a siete mil 866 millones.
Es la segunda vez que un gobierno de esta nación suramericana completa un programa entero con el organismo internacional, la primera vez fue en 2001.
Si bien para el Ejecutivo eso fue un éxito, economistas señalan cómo los préstamos no contribuyeron hasta ahora al crecimiento para generar empleos, ni se percibe la reactivación anunciada por Lasso.
La exdirectiva del Banco Central, Verónica Artola, declaró esta semana al diario Expreso que el gobierno no fue capaz de generar políticas adecuadas para aprovechar el dinero.
El país cuenta con recursos, una reserva internacional considerable, resultados fiscales superavitarios, pero aún así eso no se refleja en la economía, consideró.
A pesar de todo, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, ha manifestado la intención de solicitar el próximo año un nuevo préstamo al FMI, cuyas condiciones casi siempre son ajustes y medidas neoliberales perjudiciales para la población de menos recursos.
Los recortes, por lo general, recaen sobre los presupuestos de sectores sociales como educación, salud o seguridad.
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