Avalada la víspera por 83 votos a favor y 11 en contra, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés), valorada en 858 mil millones de dólares, irá ahora a la mesa del presidente Joe Biden para su firma justo antes de la fecha límite de fin de año.
El paquete incluye un aumento en la partida destinada al país de Europa del este (800 millones de dólares), una postura que se contrapone a las denuncias de Rusia de que ello solo alienta el conflicto entre Moscú y Kiev.
Los legisladores destinaron también más de seis mil millones de dólares a la llamada Iniciativa Europea de Disuasión, un programa que inició en junio de 2014 la Casa Blanca para aumentar la presencia estadounidense en el Viejo Continente por supuestos motivos de seguridad.
Además, el nuevo presupuesto en Defensa incrementa en un 4,6 por ciento la partida salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Según los reportes, la propuesta proporciona 45 mil millones de dólares más que lo previsto por Biden para cuestiones de defensa.
Para poder impulsar este proyecto de ley, la administración demócrata tuvo que ceder ante peticiones republicanas.
Los conservadores obtuvieron una importante victoria al presionar con éxito a los demócratas para que aceptasen el texto que ponía fin al mandato de la vacuna Covid-19 del Pentágono, que regía desde agosto de 2021, indicó el diario The Hill.
«Estoy muy satisfecha de que el texto de la NDAA refleje lo que hemos intentado hacer», declaró la senadora Marsha Blackburn (republicana de Tennessee), miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara Alta, que impulsó la derogación.
Blackburn lo calificó de «gran victoria» y señaló que todos los cuerpos de las Fuerzas Armadas han tenido dificultades para cumplir sus objetivos de reclutamiento este año.
Según la legisladora, más de ocho mil 400 militares en activo fueron expulsados del ejército por no haberse vacunado contra la Covid-19.
El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed (demócrata de Rhode Island) celebró la aprobación del proyecto de ley tras meses de negociación, calificándolo de «el voto más significativo del año».
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