En un comunicado, los asambleístas de UNES junto a miembros de los bloques de Izquierda Democrática, Pachakutik y el Partido Socialcristiano, así como el presidente del parlamento, Virgilio Saquicela, denunciaron un intento de golpe de Estado por la constante interferencia de jueces en los últimos meses.
Según explicaron, el parlamento llevó a cabo el juicio político contra cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y ellos, en el afán de aferrarse a su cargo, presentaron medidas cautelares y hasta que un juez falló a favor de su restitución.
Señalaron que a pesar de eso, el gobierno nacional, en lugar de rechazar tales acciones, pretende lacerar el Estado Constitucional de Derecho al auspiciar y avalar esas medidas, las cuales atentan abiertamente contra la democracia y carecen de eficacia jurídica.
Los parlamentarios advirtieron que, como indica la experiencia internacional, “si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se derivaría una grave crisis política nacional”.
Anunciaron que agotarán todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas dentro y fuera del país.
En esa línea, convocaron a organismos internacionales como la ONU, el Parlamento Europeo, el Parlamento Andino, la Organización de Estados Americanos, y el Mercosur a visitar Ecuador para verificar las “violaciones al orden constitucional”.
Analistas consultados por Prensa Latina advierten sobre una crisis institucional en marcha en el país que podría conllevar a graves consecuencias.
No ha habido fantasma más tenebroso para las élites y la derecha de este país que el Cpccs, comentó Carol Murillo en exclusiva con esta agencia.
Explicó que esa entidad fue creada a partir de la Constitución de 2008 para escoger mediante concursos y no por “palanca política” a autoridades como el contralor, el defensor del pueblo, entre otros, y ahora quieren que sean el presidente y la Asamblea Nacional quienes elijan a esos cargos mediante negociaciones.
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