La medida, que permite el despliegue de las fuerzas armadas en rutas y caminos de la llamada macrozona sur, fue adoptada por 35 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones.
El estado de emergencia comenzó a aplicarse allí desde el gobierno anterior de Sebastián Piñera y se mantiene durante la actual administración, a pesar de que el mandatario Gabriel Boric había prometido no prorrogarlo.
Al defender la medida, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que de mayo a diciembre hay en esa región 42 por ciento menos de actos delictivos que en el año pasado.
A pesar de esta reducción, dijo, la violencia continúa, por lo que el estado de excepción se mantendrá todo el verano.
Legisladores del Partido Comunista de Chile (PCCh) advirtieron, no obstante, sobre la extensión indefinida de una disposición que vulnera los derechos humanos de los habitantes de la zona, en tanto restringe las libertades.
Recordó el PCCh la necesidad de que el Estado se haga cargo de eliminar las brechas de desigualdad en el país y de enfrentar la injusticia social.
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