A pesar de que aún faltan unos días para cerrar el año, el número de muertes violentas es el más alto desde 2017, cuando los colectivos sociales empezaron el registro detallado de esos asesinatos.
Entre los casos con mayor impacto social estuvo el de la abogada María Belén Bernal, de 34 años, quien desapareció luego de visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, en la Escuela Superior de Policía, y su cuerpo fue encontrado varios días después.
El homicidio de Bernal, cuyo principal sospechoso se encuentra prófugo de la justicia, fue considerado un crimen con complicidad del Estado, según concluyó la comisión parlamentaria especial instaurada para averiguar lo sucedido.
Ese hecho sacó a la luz problemas en la formación de los uniformados, y también la realidad de la violencia de género en Ecuador.
Guayas, Manabí y Esmeraldas son las provincias en las que ocurren la mayor cantidad de femicidios y las armas de fuego fueron las más utilizadas para cometer esos crímenes.
Ante las exigencias al gobierno por implementar acciones para frenar tragedias de ese tipo, a fines de noviembre el Ejecutivo transformó la Secretaría de Derechos Humanos en Ministerio de la Mujer, lo cual para analistas es solamente un cambio de nombre y no cuenta con un aumento de presupuesto.
En opinión de madres cuyas hijas fueron asesinadas, el Gobierno solo apoya la lucha de las mujeres en el discurso, porque en la práctica no existen políticas públicas a su favor.
La Fundación Aldea adelantó que en los primeros días de 2023 publicará un informe que recogerá las cifras exactas de todo 2022, hasta la última semana de diciembre, que suele ser una de las más violentas.
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