Este domingo tendrán lugar 17 encuentros entre aspirantes a prefecturas en los cuales tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas para un eventual mandato.
Los diálogos girarán en torno a cuatro ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana; economía, reactivación económica y movilidad; medioambiente y territorio; y administración y gestión.
Si bien son 23 prefecturas las que están en disputa, solamente habrá debates en aquellas jurisdicciones con más de 100 mil habitantes.
Entre las discusiones más seguidas están las de Guayas y Pichincha, provincias más habitadas del país y donde más de una docena de políticos en cada una aspira al cargo.
En el caso de Pichincha, la representante de la Revolución Ciudadana (RC), Paola Pabón, se presenta a la reelección como una de las favoritas y en la noche de este viernes lanzó su campaña basada en cinco puntos para mejorar la calidad de vida de los residentes en su zona.
En Guayas, disputan el puesto dos modelos antagónicos, por un lado la actual prefecta Susana González, del derechista Partido Social Cristiano, y por otro Marcela Aguiñaga, presidenta de la RC, movimiento alineado al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En medio de la disputa, crecen las informaciones falsas y hasta encuestas ficticias.
La empresa Cedatos presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propósito de un supuesto sondeo sobre preferencias electorales que divulgaron y no es de su autoría.
Esta semana también el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica aclaró que en ningún momento realizaron una pesquisa de opinión sobre las próximas elecciones seccionales como intentan atribuirles en redes sociales.
La campaña electoral en Ecuador se extenderá hasta el próximo 2 de febrero, tres días antes de la convocatoria a las urnas para elegir prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como vocales de las juntas parroquiales.
Además, elegirán por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y votarán en el referendo propuesto por el gobierno de Guillermo Lasso, el cual cuenta con el rechazo de diversos sectores, entre ellos indígenas, profesores y estudiantes.
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